El gobierno estudia la posibilidad de aumentar el IVA. Ante esta alarmante noticia, la muchedumbre enloquece, pone el grito en el cielo y se lleva las manos a la cabeza. Los hay que se santiguan y lanzan oraciones al todopoderoso, otros se resignan con la esperanza de que pronto lleguen tiempos mejores y los más fervientes opositores se rebelan manifestándose por doquier mientras ensalzan símbolos y arengas de épocas ya pasadas. Pero de entre todos ellos y de los muchos que simplemente callan, no se alza ni uno solo entonando el mea culpa.
Y es que la culpa de esta situación económica que atravesamos es única y exclusivamente de los bancos, del sector inmobiliario y de los políticos, sobre todo de los políticos. Mientras tanto, el ciudadano de a pie o los pequeños empresarios, víctimas de las circunstancias provocadas por las decisiones de otros, son los que pagan la cuenta de los excesos de los últimos años. Justos que pagan por pecadores. ¿Seguro?
El concepto inocencia suele ser adoptado últimamente de manera muy arbitraria y sin rigor alguno, amparándose bajo el principio de que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero, en determinadas situaciones, la inocencia es cuando menos dudosa, sobre todo si nos movemos en el ámbito de las responsabilidades económicas.
Según la Tercera Ley de Newton sobre dinámica, “con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria”. Este axioma puede extrapolarse perfectamente a la economía de una sociedad, de manera que cualquier acción que realicemos a nivel económico tendrá una consecuencia económica. El problema es que en dinámica la reacción es inmediatamente visible mientras que en economía las reacciones pueden darse a muy largo plazo y con carácter indirecto. Este hecho hace que seamos mucho más despreocupados y que las decisiones que tomemos no contemplen todas las consecuencias ya que muchas de ellas puede que ni siquiera nos afecten directamente. ¿A qué nos referimos con todo esto?
Durante años la política empresarial seguida por empresarios, mayoristas, comerciantes, compradores, vendedores, etc. ha sido la de intentar ahorrar costes para obtener mayores beneficios, lo cual es muy lícito, de no ser porque en gran parte de las ocasiones era el fraude el arma utilizada. Contabilidades dobles, facturaciones sin IVA, trabajadores sin cotizar en la Seguridad Social, ocultación de patrimonios, capitales en paraísos fiscales, comisiones no declaradas, empresas ficticias… y un sinfín de prácticas fraudulentas usadas desde el más humilde y pequeño autónomo hasta el más acaudalado y poderoso empresario. Todo el que en alguna ocasión haya realizado una de estas operaciones es responsable de la situación actual.
Al margen de las emisiones de deuda pública, la principal fuente de ingresos del Estado son los impuestos y de entre ellos, el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). El primero grava los productos y servicios y por tanto está vinculado al consumo. El segundo grava las rentas obtenidas por las personas, por lo que está relacionado con el trabajo y las inversiones. Estos impuestos sirven para llenar las arcas del Estado para poder ser destinados, posteriormente, al pago de pensiones, prestaciones por desempleo, subvenciones, educación o sanidad pública entre otros. Así pues, cada vez que una persona realiza alguna práctica fraudulenta con el fin de evadir estos impuestos, no está haciendo otra cosa que limitar la capacidad para subvencionar estos servicios públicos que ahora se ven afectados por los recortes. Piensen como ejemplo que cada factura de 1.000 euros que se realice sin IVA equivale al gasto medio anual de una persona en medicamentos, es decir, que condenan a una persona a pagar sus medicamentos durante todo el año.
No podemos exigir que el Gobierno de turno cubra todos los servicios que pretendemos que sean públicos sin ser responsables y consecuentes con nuestras obligaciones como contribuyentes. Los impuestos no son una carga, son nuestra contribución para crear una sociedad mejor, basada en el bienestar y en la calidad de los servicios públicos. De lo contrario, si no nos concienciamos de esto, dentro de pocos años, servicios como la educación, la sanidad o las pensiones, serán privados y sólo unos pocos acaudalados podrán acceder a ellos. Defraudar hoy te condenará mañana.
Ahora es cuando toca recordar aquello de “el que esté libre de culpa que tire la primera piedra”.
ola. Ttotalmente de acuerdo si no estuivieramos en un país donde los gobernantes y ciertos sectores económicos hacen y deshacen a su antojo. Mientras no haya justicia y la mafia política siga haciendo de las suyas, a nadie se le puede pedir que crea en las bondades de los “impuestos”. Para qué ? Para dilapidar el dinero haciendo mal uso del mismo ? Los impuestos en España alimentan abusos, por tanto defraudar es legítimo.
Defraudar es legítimo?? Eso es una barbaridad. Asesinar porque otros asesinan es legítimo?? Eso, perdona que te diga amigo Santiago, pertenece a la Edad Media. Piensa que no estás defraudando al Gobierno ni a los políticos, estás defraudando a pensionistas, parados, alumnos, enfermos, etc. Ese es el problema, que creemos que robamos al rico y en realidad nos robamos a nosotros mismos. Es fácil mirar para otro lado y echarle la culpa a otro.
Ni una como añadiria a lo que sacas a la palestra y se me ocurren otros dos claros ejemplos por los que también tendríamos que entonar el “MEA CULPA”.
El derroche en el gasto sanitario que ha habido durante años. ¿Quien no recuerda en su propia casa o en la de algún familiar cercano un armario con un arsenal de medicamentos sin abrir? yo todavía recuerdo no sin bochorno el armario de las medicinas de mi abuela, se llegaban a acumular hasta cuatro y cinco cajas del mismo medicamento. ¿Quién era el responsable de ese abuso? Mi abuela que acumulaba, porqué todavía tenia gravado a fuego en su recuerdo los años de carencia de su infancia, el médico de turno que le daba lo mismo firmar ocho que ochenta recetas de un mismo medicamento a una misma persona, o el estado que era el responsable de controlar el gasto. Pues de esas lluvias vienen ahora estos lodos del recorte sanitario.
Otro “Mea Culpa” que tendría que entonar el Estado y los Ciudadanos es el de las ayudas que se han concedido en los últimos años por “Nacimiento de hijo”. Ayudas tanto estatales como de las Comunidades Autónomas. Ayudas que aunque parecieran lo contrario no eran para nada sociales ya que no se tenía en cuenta el nivel de renta de la persona a la que se concedian. En este caso el Estado jugaba vivir como “un niño rico” despilfarrando ya que en ese momento tenía la hucha llena, y los ciudadanos pues no ibamos a “ ser tontos” y pediamos esos dos mil quinientos euros que “Zapatero nos regalaba” o los seis mil euros que la Junta de Extremadura nos pagaba en tres años por tener un segundo hijo. A nadie le amarga un dulce…
Este tipo de ayudas no son sociales ya que no tenían en cuenta el nivel de renta del ciudadano al que se concedían por lo que al vaciarse las arcas públicas se han eliminado para todos. Si el legislador desde un primer momento hubiera puesto cómo requisito no superar un nivel máximo de renta para solicitarlas seguro que esas ayudas podrían seguir concediéndose a familias que realmente las necesitaran.
Por lo tanto estamos ahora recogiendo lo que hemos sembrado entre todos durante muchos años.
Fdo. Alma Igual