La flexibilidad laboral es uno de los temas más candentes de los últimos meses tras la puesta en marcha de la Reforma Laboral llevada a cabo por el Gobierno de Mariano Rajoy y que ha encendido la ira de obreros y sindicatos quienes defienden que esta “pérdida de derechos del trabajador” provocará una masiva destrucción de empleo. No les falta razón, pues nuestros empresarios son perversos y malvados y sólo buscan despedir por despedir para lograr… para lograr ¿qué?
Un empresario que tiene contratados a un cierto número de personas porque sus necesidades de producción así lo requieren, no tiene ningún motivo justificado para querer despedir a nadie siempre y cuando impere un buen ambiente de trabajo y cada uno de los empleados desarrolle sus tareas y actividades de forma eficiente. Cuando acontecen hechos externos a la empresa, tales como la actual crisis económica, que afectan a la demanda de productos y servicios, es lógico pensar que la producción se vea afectada y haya que optar por la reducción de costes para mantener la viabilidad de la empresa. Bajo estas coyuntura se requiere de un reglamento flexible que no ponga en jaque a ninguna de las dos partes implicadas, trabajadores y empresarios. La modificación de las condiciones de trabajo de algunos empleados (o todos si fuera necesario) puede ser la solución temporal para estas circunstancias, no siendo la única, por supuesto. De lo contrario, la empresa podría entrar en una espiral descendente acumulando impagos y endeudamientos que la llevarían inexorablemente a la quiebra. Situación de la que todas las partes implicadas saldrían negativamente afectadas. No olvidemos que el empresario no desea tener que tomar estas decisiones porque significan que las cosas no marchan bien, con lo cual es uno de los principales perjudicados. Su deseo sería tener la necesidad de contratar a muchas más personas, síntoma de que los negocios le son fructíferos.
Ahora bien, si no flexibilizamos las reglas del juego, a las empresas sólo les quedará una salida, el despido. Y ésta sí que es una de las peores soluciones. Conlleva un coste para la empresa que, en función del tiempo que lleve contratado el trabajador afectado, podrá agravar en mayor o menor medida la situación de la empresa o podría incluso ser directamente inasumible, por lo tanto coloca al empresario entre la espada y la pared. La decisión que tome puede que no tenga marcha atrás. De un lado el despido con su correspondiente coste y del otro el mantenimiento de la plantilla y continuación de una situación crítica. Si el empresario opta por ésta última y la situación económica no remonta la quiebra está garantizada. Si optase por el despido, el trabajador recibiría su indemnización y además gozaría de la prestación por desempleo el tiempo que le corresponda, sin embargo, la empresa habría tenido que realizar un desembolso que no la ayudará precisamente a recuperar la solvencia.
Así pues, la lectura superficial de la Reforma Laboral puede llevar a pensar que el trabajador queda a merced del empresario que podrá modificar libremente sus condiciones laborales, pero nada más lejos de la realidad, puesto que se trata de una necesidad en un momento económico puntual que evitará, no sólo la destrucción de empleo, sino la destrucción de empresas que, no olvidemos, son las que generan empleo. Su supervivencia es fundamental para recuperar la senda del crecimiento económico en nuestro país y creer que los derechos de los trabajadores están por encima de los derechos de los empresarios es un gran error. No podemos pasar de la tiranía del capataz a la dictadura del obrero. Debemos trabajar juntos por un mismo objetivo, recuperar el crecimiento y la fortaleza económica de nuestro país.